El pasado lunes se llevó a cabo una reunión en la que participaron la viceintendenta, Julieta Carrazza; el director de Defensa Civil, Nicolás Bozzani; el responsable del Área de Accesibilidad e Inclusión, Marcelo Piguetti, los concejales de Juntos por Entre Ríos María José Carro, Jorge Roko, Vanina Basaldúa y Juan Pablo Castillo; el concejal de LLA, Marcelo Rodríguez; representantes de la Asociación de Sordos, y del grupo TGD Padres Tea.

El encuentro sirvió para avanzar sobre los alcances del proyecto de la ordenanza que establecerá el Protocolo Municipal de Emergencias para Personas con Desafíos en la Comunicación. Esta iniciativa, impulsada por los concejales de diversas bancadas, responde a la urgencia de proteger a grupos vulnerables como personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidades auditivas, trastornos del habla y cognitivas, entre otras condiciones. Con esta sanción, la ciudad se posiciona como referente en políticas públicas inclusivas, alineándose con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y normativas nacionales como la Ley 27.043.

El protocolo, de carácter obligatorio para servicios como Bomberos Voluntarios, emergencias de salud, Policía, Tránsito y Defensa Civil, introduce herramientas concretas para facilitar la interacción en situaciones de estrés. Entre sus componentes claves se destacan la capacitación continua del personal en comunicación aumentativa y regulación emocional, la implementación de kits sensoriales en unidades móviles —con auriculares protectores, pictogramas visuales, entre otros— y estrategias para preservar el entorno sensorial, minimizando ruidos y luces intensas, en la medida de lo posible. Además, se prevé la identificación voluntaria de hogares mediante calcomanías y la incorporación de familiares como acompañantes, siempre priorizando la seguridad operativa.

Esta ordenanza no solo fortalece la respuesta inmediata en emergencias, sino que fomenta una red interinstitucional sólida. Se crea la Mesa Técnica de Emergencias Inclusivas, integrada por representantes de servicios de emergencia, profesionales de salud mental, familias y ONG locales, con funciones de supervisión anual, evaluación y sugerencias de mejoras. Asimismo, se instituye un Registro Único Voluntario y Dinámico, administrado por el Área de Accesibilidad e Inclusión, que recopilará datos confidenciales para optimizar intervenciones futuras, incluyendo diagnósticos, contactos de emergencia y actualizaciones periódicas.

La autoridad de aplicación recaerá en Defensa Civil, en articulación con el Área de Accesibilidad. La ordenanza, además, incluye un anexo con pictogramas estandarizados para una comunicación clara y efectiva. Tras el encuentro, funcionarios y ediles, consensuaron continuar trabajando en la normativa para que pueda ser sancionada a la brevedad.