Como es de público conocimiento el pasado 17 de enero, una joven llamada Tamara debió tener su parto en la ciudad de Concordia, luego de haber sido atendida en nuestra ciudad y posteriormente, en Gualeguay.

Las circunstancias vividas y la falta de respuesta en el ámbito de la salud pusieron en riesgo su vida y su integridad psicofísica, e implicó una clara vulneración de derechos básicos y esenciales, reconocidos en tratados internacionales en nuestra carta magna y plasmados específicamente en las leyes nacionales 25.929 de salud pública y 26.485 de protección integral a las mujeres que rigen en nuestro país, provincia y ciudad.

Desde este marco legal se garantiza el trato digno, humanizado, respetuoso y oportuno; la participación como protagonista de su propio parto; fundamentalmente se le garantiza su derecho al parto natural acorde a sus tiempos biológicos y psicólogicos, evitando prácticas invasivas; a que se la haga partícipe de las diferentes actuaciones profesionales; soslayando en estos derechos los propios del niño reconocidos en todo nuestro ámbito normativo. Es por ello que la situación atravesada por Tamara es una modalidad de violencia de género.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual expresamos nuestra profunda preocupación ante esta situación y consideramos necesario que se asuma la responsabilidad correspondiente porque el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias es un compromiso impostergable.